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Hay una frase que se repite en cada conferencia de prensa, en cada rueda de negocios en Nueva York, en cada entrevista televisiva del equipo económico: la estabilidad macro es la condición necesaria para que después, tarde o temprano, la economía “derrame” sobre el resto. Es mentira. O, para ser más precisos, es una verdad que solo existe en los manuales de texto. En la Argentina real, la de todos los días, la macroeconomía ordenada convive perfectamente con un país donde el trabajador no llega a la primera semana del mes y el emprendedor no consigue crédito para sostener su changa, su local o su pyme.

Los dólares de Vaca Muerta no pagan el supermercado
El Gobierno tiene motivos genuinos para mostrar el crecimiento de la producción petrolera y las exportaciones de minerales críticos. Nadie en su sano juicio se opone a que lleguen inversiones en minería y energía: son bienvenidas, generan divisas, generan empleo calificado y son, a mediano plazo, una palanca real de desarrollo. El problema no es la inversión. El problema es la fantasía de que ese capital, por sí solo, sin ninguna decisión política que empuje la microeconomía hacia arriba, va a terminar en la mesa de cada trabajador y de cada emprendedor argentino. No va a pasar. No está pasando. Y no interceder desde el Estado para que ese crecimiento agregado se traduzca en poder de compra, en crédito accesible y en previsibilidad para el que factura en pesos y vive en pesos, es directamente una forma de abandono. Casi una decisión criminal, si se mide en la angustia cotidiana de millones de familias que hoy no llegan a fin de mes ni por asomo.
Porque la clase media argentina, esa que supo ser, fugazmente por períodos, la columna vertebral del desarrollo del país, no vive del Excel de un ministerio ni de un discurso ante inversores en el Bank of America de Manhattan. Vive del asalariado al que el sueldo no le alcanza, de la Pyme que no llega a pagar los costos fijos sin fundirse ni descapitalizarse, del changarín que se queda en su casa, del kiosquero que no llega a pagar la luz.

Los números que no mienten.

Mientras el equipo económico celebra la estabilidad, los datos del propio Banco Central pintan otro cuadro. En abril de 2026 la morosidad de las familias en el sistema financiero alcanzó su nivel más alto en veinte años, con los préstamos personales por encima del 14% de irregularidad y las tarjetas de crédito rozando el 12,5%. Según relevamientos privados en base a la Central de Deudores del BCRA, unos 6,8 millones de personas tienen hoy créditos impagos, dos millones más que hace apenas ocho meses. La deuda total de los hogares argentinos ronda los 39 billones de pesos, con un promedio de 5,7 millones por hogar en el sistema bancario.

El dato más elocuente, sin embargo, es otro: distintos relevamientos ubican en más del 90% la proporción de hogares argentinos endeudados, y más de la mitad de esa deuda de tarjeta se usa para comprar comida. No son vacaciones, no son electrodomésticos: es el changuito del supermercado pagado en cuotas, con un costo financiero total que en las tarjetas ronda el 100% anual. Es tan alto el costo de financiarse que el uso de la tarjeta de crédito se desplomó a su nivel más bajo en dos años, no porque la gente decidió consumir menos por elección, sino porque directamente no puede sostener la cuota.

Un ministro que mira la Argentina desde el piso 40.

En paralelo, el ministro de Economía recorre Nueva York presentando el programa ante bancos de inversión, pidiéndoles a los empresarios que confíen y remarcando que esta vez la estabilidad tiene sustento político. Son mensajes legítimos para un público de inversores. El problema es que ese mismo tono seguro, distante, casi eufórico con los indicadores agregados es el único registro que se escucha también puertas adentro, frente a un país donde la angustia por la mora y el costo de vida no da tregua. Declaraciones que, en el fondo, no suenan tan distintas a las del comunicador que encabezaba las conferencias de prensa hasta hace pocas semanas: la insistencia en que “todavía falta camino” convive con la negación sistemática de que el ajuste tiene costos concretos, medibles, en la vida de la gente.

Y si de comunicación se trata, el nuevo vocero presidencial no empezó con el pie más alentador: al ser consultado por el fuerte aumento de las tarifas de gas, apeló a la idea de que, frente a un servicio más caro, la familia puede simplemente abrigarse más. Ojalá no sea, en los hechos, una reencarnación de aquel estilo que tanta distancia generó entre el Gobierno y el ciudadano de a pie.

Privilegios que erosionan el relato del sacrificio compartido.

A esto se suma un dato que lastima especialmente en un contexto de ajuste: funcionarios del entorno del propio ministro de Economía accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por sumas de hasta 350.000 dólares, mientras que, según trascendió en medio del escándalo, ocho de cada diez argentinos comunes que solicitan un crédito hipotecario son rechazados. El ministro defendió la operatoria calificándola de legal y moral. Puede ser legal. Pero en un país donde la mayoría no consigue ni refinanciar una tarjeta, la imagen de “casta” que tanto combatió este espacio político termina, una vez más, encarnada en quienes deberían dar el ejemplo.

Una reelección que no puede construirse sobre el pasado.

Si el presidente Milei efectivamente piensa en una reelección, ojalá ese camino se construya sobre la mejora concreta y verificable de la calidad de vida de los argentinos, y no sobre el recurso ya gastado de agitar el fantasma del pasado kirchnerista. Ese recurso tiene fecha de vencimiento. La gente no vota, dos o tres años después, en función de lo que había antes: vota en función de si hoy llega a fin de mes, si puede pagar la cuota de la heladera, si su changa o su comercio tienen futuro. La macroeconomía ordenada es una condición necesaria, nunca discutida. Pero no es suficiente. Y confundir una cosa con la otra es, en el fondo, la forma más elegante de mirar para otro lado.