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[Por Matías Cerdá]
En Argentina no discutimos lo suficiente lo que en España ya nadie puede esquivar: el modelo de fronteras abiertas sin capacidad real de control tiene un límite, y ese límite lo terminan pagando los propios países que reciben, ergo sum: los ciudadanos.
No es una posición xenófoba ni antiinmigrante decir esto. Es una posición liberal con sentido social: la libertad de circular y de buscar una vida mejor es un derecho humano, pero ningún derecho es absoluto cuando su ejercicio irrestricto erosiona la calidad de vida, los servicios públicos, la cohesión social y el sistema de valores de quienes ya viven en un territorio. Ese es el dilema que hoy atraviesa a España y, por elevación, toda la Unión Europea y por extensión también nuestro país.
Los números de 2026 muestran algo interesante y contradictorio a la vez. Por un lado, las llegadas irregulares a España cayeron con fuerza en el primer semestre: entre enero y junio la ruta canaria, históricamente la principal vía de entrada, se desplomó un 67% respecto del año anterior, y hacia mediados de julio el total nacional de llegadas irregulares acumulaba una baja del 24,7% interanual. Pero esa foto general esconde una redistribución preocupante: mientras Canarias se descomprime, Ceuta y Melilla explotan. Las entradas terrestres por esas dos ciudades autónomas crecieron entre un 140% y un 210% según los cortes del año, y la Península y Baleares también absorbieron parte del flujo desviado. Esto no es una solución al problema migratorio: es un problema que cambia de puerta. Cuando se cierra una ventana, el agua entra por otra.
Esa dinámica confirma algo que cualquiera que haya estudiado política migratoria sabe: el control de frontera exterior sin una política de asilo, integración y capacidad de absorción real es un parche, no una política de Estado. Ni España, ni Europa tienen ya la infraestructura administrativa, habitacional ni de empleo para procesar con dignidad los volúmenes que está recibiendo por vías legales e irregulares combinadas.
En los últimos días, entre el jueves 30 y el viernes 31 de julio de 2026, unas 60.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta en apenas 24 horas. El detonante fue un fallo del Tribunal Supremo español que restringió el mecanismo de "rechazo en frontera" que hasta ahora permitía devoluciones inmediatas, y las mafias de tráfico de personas leyeron ese fallo como una ventana abierta. El resultado? al menos 18 muertos confirmados por el Ministerio del Interior, saqueos y desmanes en un territorio que vio entrar, en un solo día, una cifra equivalente a más del 70% de su población total.
España pidió ayuda a sus socios europeos y lo que recibió fue, en gran parte, presión adicional: la primera ministra italiana Giorgia Meloni amenazó con suspender el acuerdo Schengen con España para "defender nuestras fronteras", pese a que Italia ni siquiera comparte límite territorial con España, lo cual demuestra hasta qué punto la migración ya funciona como excusa política transversal para cuestionar la libre circulación en toda la Unión, más allá de dónde ocurra la crisis puntual. Puertas adentro de España, la líder conservadora Isabel Díaz Ayuso habló directamente de "invasión", y el líder de Vox, Santiago Abascal, acusó al gobierno de Sánchez de permitir el ingreso masivo para sostenerse en el poder. Sánchez, por su parte, responsabilizó a las redes de tráfico de personas por una interpretación interesada del fallo judicial. A pocas horas de la invasión, más de 25.000 migrantes ya retornaron voluntariamente a Marruecos mientras el propio gobierno reconoció que se trata de la mayor crisis migratoria que vive España en años.
El pilar fundamental de la Europa integrada es la libre circulación, que ya empezaría a ser la excepción y no la norma. Hacia mediados de 2025 once países del espacio Schengen (Alemania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Italia, Suecia, Noruega y Países Bajos) tenían controles fronterizos internos reactivados. Un informe de la Comisión Europea de junio de 2026 confirmó que nueve países (Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia y Suecia) mantenían controles internos por más de doce meses consecutivos, invocando amenazas terroristas, movimientos migratorios secundarios y saturación de los sistemas de asilo. Francia prorrogó los suyos hasta octubre de 2026 por infiltración yihadista y redes de tráfico de personas; Italia hace lo propio en su frontera con Eslovenia hasta diciembre; Países Bajos extendió los controles incluso a fronteras aéreas intra-Schengen, algo que rompe el espíritu original del tratado de 1985.
El Código de Fronteras Schengen preveía estos controles como algo excepcional y temporal, con un tope legal de dos años por período de amenaza. Lo que estamos viendo es la conversión de la excepción en regla permanente, prorrogada país por país, sin que exista todavía un mecanismo comunitario efectivo de gestión migratoria compartida. Esto es exactamente el escenario que podría anticipar una fractura del bloque: si cada Estado empieza a gestionar su frontera interior de forma unilateral y sostenida en el tiempo, la libre circulación de personas, bienes quedaría vaciada de contenido. Y un mercado único sin libre circulación efectiva no es un mercado único: es una zona de libre comercio con fronteras de facto, que erosiona inversión, logística y competitividad frente a bloques como el norteamericano o el asiático.
La Unión Europea se construyó, en gran parte, sobre la promesa de eliminar los costos de transacción entre sus miembros. Si esa promesa se empieza a incumplir de manera sostenida por motivos migratorios no resueltos, el bloque corre el riesgo de repetir, en clave económica, lo que el Brexit mostró en clave política: que la desintegración también es una opción cuando la ciudadanía percibe que el proyecto común ya no controla sus propias fronteras.
Nosotros tenemos nuestra propia versión de este debate, aunque con una diferencia de origen que hay que marcar con precisión. Según el Censo 2022 del INDEC, en Argentina residen 1.933.463 personas nacidas en el extranjero, el 4,2% de la población total en viviendas particulares, un porcentaje que además viene en tendencia decreciente respecto de mediados del siglo XX. De esos inmigrantes, casi el 66% proviene de países limítrofes (Paraguay, Bolivia y, más recientemente, Venezuela encabezan la lista) mientras que la inmigración europea, que supo ser el 90% del total hace un siglo, hoy representa apenas el 8,3%, el piso más bajo en cien años. Buenos Aires, tanto la Provincia como la Ciudad, concentra más del 73% de esa población extranjera.
La Ley 25.871, sancionada en 2003, consagró un criterio de derechos humanos amplio: reconoce a los ciudadanos de países del Mercosur, Bolivia, Chile y Perú el derecho a residir y trabajar libremente en Argentina, en línea con los tratados de libre residencia firmados en 2002. Es una ley extremadamente generosa. Pero generosidad normativa sin capacidad de gestión estatal es, otra vez, el mismo problema que vive España: la ley te dice quién tiene derecho a entrar, pero no resuelve si el sistema de salud, educación, vivienda y empleo puede absorber ese ingreso sin deteriorar la calidad y capacidad del sistema.
La diferencia con Europa es de escala y de tipo de flujo: nuestra inmigración es mayormente regional, limítrofe, culturalmente con puntos en común y con marcos jurídicos bilaterales de larga data. La inmigración africana y de Medio Oriente hacia Europa, en cambio, implica una distancia cultural, lingüística y religiosa mucho mayor, que exige políticas de integración más profundas y sostenidas en el tiempo, no solo normas de admisión.
El liberalismo clásico defiende la libertad individual, incluida la libertad de moverse y buscar prosperidad, pero también defiende el imperio de la ley, el respeto a las instituciones locales y la protección de los derechos adquiridos de quienes ya forman parte de una comunidad política. Un ingreso masivo, no verificado, sin control sanitario, sin evaluación de antecedentes y sin capacidad de integración real no es libertad: es la ausencia de Estado, y la ausencia de Estado nunca beneficia al más débil. Los primeros perjudicados de un sistema migratorio colapsado son siempre los inmigrantes que sí cumplieron las reglas y terminan compitiendo por recursos escasos con quienes ingresaron por fuera de todo marco normativo.
El desafío de fondo no se resuelve solamente en la frontera de llegada, se resuelve en el país de origen. Mientras sigan existiendo regímenes autoritarios, economías colapsadas y persecuciones políticas en amplias regiones de África, Medio Oriente y también en nuestro propio continente, la migración forzada va a seguir siendo la válvula de escape de millones de personas que no tienen otra alternativa. Naciones Unidas tiene ahí una responsabilidad histórica que viene incumpliendo: condenar con firmeza y sin dobles estándares a las dictaduras que expulsan a su propia población, y acompañar procesos reales de desarrollo institucional y económico en esos países, en lugar de limitarse a gestionar el síntoma en las fronteras de los países receptores. Un mundo donde los pueblos pueden desarrollarse dentro de sus propias fronteras nacionales, con libertad política y oportunidades económicas, es un mundo con muchísima menos presión migratoria forzada. Ese debería ser el objetivo estratégico de la comunidad internacional para las próximas décadas, no la administración perpetua de las crisis humanitarias.
Si durante estos años no se logra resolver el “problema migratorio” vamos camino a una combinación peligrosa: erosión de las economías nacionales que reciben los flujos, pérdida de cohesión social, resurgimiento de nacionalismos cerrados como reacción y crisis humanitarias cada vez más severas para quienes se ven forzados a migrar sin protección real en ningún punto del trayecto. Argentina y España, cada una con su historia, son hoy dos espejos de un mismo dilema: cómo honrar el derecho humano a migrar sin destruir la capacidad del Estado de sostener a quienes ya viven ahí. Ese equilibrio, y no los extremos, es la única salida sensata.
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