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La última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés deja un dato que conviene mirar sin relato. La satisfacción con la marcha general del país está en sólo un 29% contra el 69% de insatisfacción. Número duro en términos de la mirada al 2027, pero como aliciente para el fanatismo mileista, comparado en la misma altura de mandato, Javier Milei le saca ventaja tanto a Mauricio Macri (que rondaba el 20% en su tercer año) como a Alberto Fernández (apenas por encima del 10%). No es un dato menor: en un país que castiga a sus gobiernos con desgaste acelerado, sostener casi 10 puntos más que los dos mandatos anteriores en el mismo tramo es, como mínimo, un mérito relativo.

Ahora bien, relativo es la palabra clave. Es un gobierno que todavía tiene un margen, pero que ya no puede darse el lujo de leer cada encuesta con optimismo automático. Y acá aparece el dato que más debería preocupar a la Casa Rosada: si las elecciones fueran hoy, La Libertad Avanza cosecharía apenas el 24% de los votos, un piso bajo para un oficialismo que llegó al poder con una épica de ruptura total con "la casta".

Lo más interesante e incómodo para el Gobierno es lo que pasa puertas adentro de la propia coalición “macrista de malos modales”. Milei retiene solo el 39% de los votantes que en 2023 eligieron a Patricia Bullrich. Es una fuga considerable, sobre todo si se la compara con la fidelidad que exhibe el peronismo: el espacio conserva al 66% de quienes votaron a Sergio Massa. La Libertad Avanza, en cambio, retiene el 57% de su propio electorado de primera vuelta. La lectura es clara: el mileísmo duro se mantiene relativamente firme, pero el aporte de los votantes “bullrichistas” moderados, de extracción de pura cepa PRO, que prestaron su voto en el balotaje, empieza a evaporarse.
Con todo, ningún actor puede cantar victoria. El peronismo, con el 23% de intención de voto, exhibe un piso históricamente bajo para el PJ. Un peronismo atacado por dos vías. Una la que propone a la sociedad una “Cristina Libre y candidata”, la otra que predica un regreso a la emisión monetaria sin control, encabezada por el gobernador Kicillof.

La encuesta midió un 26% de indecisos o que no responde y es, en rigor, la variable que más pesa de toda la encuesta: una porción enorme del electorado aún no encuentra representación clara ni en el oficialismo ni en la oposición.

Quien podrá capitalizar este electorado? El gobierno si la microeconomía mejora, el peronismo si finalmente mira hacia el centro, deja el pasado en el cajón y mira al futuro.

La Primera Sección Electoral de Unión y Libertad realizó este sábado un encuentro en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López, en el marco de la construcción y consolidación de este espacio político liberal en la Provincia de Buenos Aires.

Del encuentro participaron los senadores provinciales Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, la coordinadora provincial Julieta Jofre y el coordinador de la Primera Sección, Ignacio de Jauregui, junto a concejales y referentes de este espacio liberal con importante presencia legislativa en la Provincia de Buenos Aires.

El referente del espacio en el distrito es Matías Cerdá, quien en 2023 había sido pre candidato a intendente de Vicente López por La Libertad Avanza. Aquella candidatura terminó bajándose luego de un fuerte cruce con el armador bonaerense de Milei, Sebastián Pareja, quien pretendía imponerle los primeros lugares de la lista de concejales, lo que derivó en el retiro de su postulación y de toda su lista en aquel proceso electoral.

Uno de los ejes que atravesó el encuentro fue la consolidación de este espacio de centro, equidistante tanto del binomio PRO/La Libertad Avanza como del kirchnerismo que hoy representa el gobernador Axel Kicillof. En ese sentido, Carlos Kikuchi afirmó “mantenemos un diálogo fluido con sectores del peronismo no kirchnerista, el Frente Renovador, el radicalismo y dirigentes independientes, en la búsqueda de un acuerdo electoral amplio que se convierta en alternativa a Milei a nivel nacional para mantener los ejes centrales vinculados a la baja de la inflación y el orden de las cuentas publicas, pero con una mirada centrada en la producción nacional y el trabajo”.
Por su parte, Sergio Vargas, Presidente de la Comisión de Industria y Minería del Senado se refirió al contexto industrial en la Provincia “venimos de reuniones en Azul con la industria minera que está hoy en una fuerte crisis trabajando al 30% de su capacidad instalada por la decisión del gobierno nacional de paralizar la obra publica. Creemos en el dialogo y delsde le bloque de senadores conversamos con todos desde la Libertad Avanza, al peronismo y al Pro, porque la agenda legislativa tiene que pensar en los bonaerenses”.
"Somos un espacio que piensa en el bolsillo de la gente", remarcaron desde Unión y Libertad, que además agradeció al Secretario General de los Trabajadores Municipales, Victorio Pirillo, por ceder el espacio del sindicato para la actividad.

Desde el espacio remarcaron que Vicente López es gobernado por el PRO desde 2011, primero bajo la gestión de Jorge Macri y desde 2021, con Soledad Martínez al frente del Ejecutivo municipal y cuestionaron duramente la administración actual. Según denuncian, el municipio arrastra hoy un déficit cercano a los $14.000 millones. Matías Cerdá apuntó contra el estilo de gestión de la intendenta, a quien acusó de tenerle fobia al vecino, de haber puesto al distrito más rico del país en estado deficitario y de no haber realizado ninguna obra pública para mejorar la vida de los vecinos.

De cara a las próximas elecciones municipales, el espacio adelantó que trabaja en una propuesta para disputarle al PRO la administración de Vicente López en 2027, apostando a devolver el municipio "a manos de los vecinos".

Participaron del encuentro, Santiago Leo (concejal de San Martín), Andrea Borges (concejal de Merlo), Omar Cardozo (Ituzaingó), Mario Molver (San Fernando), Sergio Feito (Pilar), Angela Rios (Tigre), Charly Tobar (Marcos Paz), Alejandro Romero (Malvinas Argentinas), Rosana Alderete (General Rodriguez), entre otros.

Hay países que, cuando se pierden, tienen la suerte de contar con un mapa fundacional al cual regresar.
La Argentina es uno de ellos, y ese mapa lleva la firma de Domingo Faustino Sarmiento. Cada 11 de septiembre, más que un feriado escolar, deberíamos vivirlo como una cita obligada con los orígenes: revisar qué prometimos ser como Nación y compararlo, sin anestesia, con lo que somos hoy.
Esa comparación, en materia educativa, duele.

Los últimos resultados publicados de las pruebas PISA 2025, difundidos hace apenas unos días por la OCDE, confirman una tendencia que la Argentina viene arrastrando desde hace casi dos décadas. Nuestro país se colocó en las posiciones 62 en Lectura, 75 en Matemática y 71 en Ciencia sobre 91ssistemas educativos evaluados, y 8vo. entre los trece países latinoamericanos participantes, por detrás de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia.
Los números mas preocupantes detrás del promedio: el 76% de los estudiantes de 15 años no alcanza los aprendizajes mínimos en Matemática mientras que el 59% queda por debajo del nivel básico tanto en Lectura como en Ciencias. En Matemática, el resultado de esta edición es el peor de toda la serie histórica argentina comparable.

Sarmiento decía “educar es sembrar en la patria la grandeza del mañana”. Hoy la Argentina está cosechando lo contrario: generaciones enteras a las que el Estado les falló en lo más elemental, la posibilidad de leer, comprender y razonar con las herramientas mínimas para participar de una sociedad libre.

El maestro masón y una idea de país.

Pocas veces se recuerda que la cruzada educativa de Sarmiento estuvo profundamente entrelazada con su pertenencia a la masonería. En 1855 fue uno de los fundadores de la logia Unión del Plata Nº 1, germen de lo que sería la Gran Logia de la Argentina, y llegó a ocupar el cargo más alto en la estructura jerárquica masónica: el de Gran Maestre. Desde allí impulsó la idea de que la propagación de la educación era una forma moderna de "caridad masónica", el mismo principio que después trasladaría al Estado nacional.
Cuando asumió la presidencia en 1868, Sarmiento se apartó formalmente de la actividad masónica, pero no de sus ideas: la Ley 1420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria, sancionada pocos años después de su mandato, lleva la marca de esa concepción laicista y universalista que la masonería promovía desde mediados del siglo XIX.
Y Sarmiento no estuvo solo en esto. La lista de próceres vinculados a la masonería es larga y atraviesa toda la construcción de la Nación desde José de San Martín, Manuel Belgrano, Vicente López y Planes, Mariano Moreno, Bartolomé Mitre, Justo José de Urquiza, entre otros. En julio de 1860, en la llamada "tenida histórica", varios de estos hombres (presidente, gobernadores, generales) se sentaron bajo el mismo techo masónico para discutir, entre otras cosas, la reunificación de Buenos Aires con la Confederación. La masonería funcionó, en los hechos, como una de las usinas de ideas que terminaron moldeando al Estado argentino moderno.

Por qué esto nos interesa hoy?

Porque entender que la Argentina que funcionó, la que atrajo inmigrantes, alfabetizó un continente y construyó instituciones, lo hizo alrededor de una convicción compartida por sus fundadores, de distintos signos políticos, pero unidos en esto de que la educación pública, laica y de calidad era la base sin la cual ninguna libertad individual es sostenible en el tiempo.
Hoy, con ocho de cada diez chicos de 15 años sin los saberes mínimos de Matemática, esa convicción no es un capricho ideológico del pasado: es una urgencia. Creer en la libertad, en que cada familia elija, en que la gestión se abra, en que haya competencia y rendición de cuentas en el sistema educativo, no puede ser excusa para desentendernos de que el Estado tiene una responsabilidad indelegable en garantizar una base común de conocimiento. Libertad sin educación de base no es punto de partida para nadie, es un privilegio para pocos.

Por eso, cada vez que la Argentina se extravía, conviene volver a las fuentes. Sarmiento nos dejó una: la escuela como cimiento de la patria. Ahí, y no en otro lado, hay que empezar a reconstruir.

Hay un error de diagnóstico que se repite cada vez que se habla del endeudamiento de los hogares argentinos: tratarlo como una cuestión de responsabilidad individual, casi de orden doméstico, basado en la irresponsabilidad.
Los números de 2026 desmienten esa lectura.
No estamos frente a familias que gastaron de más porque si.
Estamos frente a familias que se endeudaron para sostener los gastos básicos, en un contexto donde el ajuste tarifario se hizo sin mirar el bolsillo de la gente.

La morosidad de los hogares argentinos llegó al 12,8% en junio de 2026, contra apenas 2,5% en octubre de 2024. Es el nivel más alto en dos décadas, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Si se suman las billeteras virtuales, el cuadro es todavía más duro: la mora trepó al 30,1% en junio de 2026, superando incluso el pico de la pandemia.

El dato que más importa, sin embargo, no es cuánto se debe, sino el porque se generó ese endeudamiento. Un relevamiento de La Nación con datos del sistema financiero es contundente: el 28% de la deuda total de los hogares corresponde a tarjetas de crédito, y su destino principal alimentos, indumentaria, combustible, impuestos y electrodomésticos. No es gasto superfluo. Es subsistencia financiada a tasas de entre 70% y 100% nominal anual.

Tampoco es un fenómeno marginal o circustancial ya que seis de cada diez hogares argentinos tienen hoy deuda no bancaria, y siete de cada diez mantienen algún compromiso de pago activo, en mora. Cuando el crédito deja de ser una herramienta ocasional para gastos extra o superfluos y pasa a integrarse a la administración mensual del ingreso “para vivir”, ya no hablamos de una decisión de consumo: hablamos de un mecanismo de supervivencia y allí el Estado no puede ni debe mirar para otro lado.

El ajuste tarifario, necesario pero mal hecho.

Liberar las tarifas de servicios públicos después de años de atraso y populismo energético era necesario. Ningún país sostiene un esquema de subsidios generalizados sin generar distorsiones que terminan pagando todos, incluidos quienes menos tienen.

El problema no fue la decisión de normalizar precios relativos sino la falta de un esquema de transición que protegiera a las familias mientras el ajuste transcurría.
Un ajuste de tarifas sin un mecanismo simultáneo de compensación para los sectores medios y bajos no es una reforma económica prolija, es transferir el costo del ordenamiento fiscal directamente a la tarjeta de crédito de cada familia. Eso es, ni más ni menos, lo que terminó pasando. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció el problema al señalar que la salida pasa por "seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando". Es una respuesta parcial y simplista que apuesta a que el tiempo resuelva lo que la política pública debió prever desde el principio.

Para el gobierno el endeudamiento de una familia es un asunto privado, resultado de decisiones privadas que debe resolverse entre privados. Es una simplificación cómoda e irresponsable. Cuando seis de cada diez hogares recurren a deuda no bancaria y la mayoría de esa deuda financia alimentos y servicios, ya no hay margen para pensar esto como una suma de errores individuales. Es un fenómeno estructural, generado en gran medida por decisiones de política pública y el Estado tiene la obligación de intervenir con la misma lógica con la que reguló el mercado del que salió.

Esto no implica volver al asistencialismo ni a los controles de precios que llevaron al desastre anterior. Implica algo más modesto y más serio: que la libertad de mercado en tarifas y en tasas venga acompañada de instrumentos concretos (líneas de refinanciación a tasa razonable, esquemas de segmentación tarifaria bien diseñados, alivio fiscal focalizado) para que el ajuste no se traduzca en sobreendeudamiento crónico de la clase media y trabajadora.

Ya hay un antecedente legislativo en esa dirección: un proyecto de ley presentado este año propone declarar la emergencia crediticia de las familias por dos años, con medidas para auditar, adquirir y reestructurar deudas de los sectores más afectados. Se puede discutir el instrumento, pero no se puede discutir el diagnóstico que lo motiva.

El costo que no aparece en las estadísticas del BCRA.

Hay una dimensión de este problema que ningún informe de morosidad captura: lo que el sobreendeudamiento le hace a la cabeza de un padre o una madre que llega a fin de mes financiando la compra del supermercado con una tarjeta al 90% anual. La angustia de no llegar, disimulada delante de los hijos. La decisión silenciosa de recortar algo, una actividad, una salida, a veces la comid, para sostener el pago mínimo. Eso no es un dato de la economía doméstica, es un costo social que erosiona la estabilidad emocional de las familias, y que después el Estado paga de otra forma, en salud, en educación, en conflictividad social.

No hace falta ser de una clase social específica para atravesar esto. Le pasa a la familia de clase baja con menos contención, pero también a la clase media que hace veinte años vivía de otra manera y hoy administra la angustia de un ingreso que no le alcanza. Ese dato es el que la política tiene la obligación de mirar de frente.

Una salida posible.

Bajar la inflación y las tasas es condición necesaria, pero no alcanza y no es inmediata. Mientras tanto, hace falta una respuesta activa: mecanismos de refinanciación de deuda de consumo a tasas subsidiadas para los tramos de ingreso más golpeados, revisión del esquema de segmentación tarifaria para que efectivamente proteja a quien lo necesita, y un uso más inteligente del gasto público focalizado, sin volver a los esquemas de subsidios universales que nos trajeron hasta acá.

Se puede creer en la disciplina fiscal, en la eliminación de distorsiones de precios y en la reducción del Estado donde sobra, y al mismo tiempo sostener que ese Estado no puede desentenderse de las consecuencias sociales de sus propias decisiones.
Esa combinación no es una contradicción: es, simplemente, hacer las cosas bien, con sentido común, pensando en el bolsillo de la gente que en definitiva es el bienestar de los ciudadanos de nuestro país.

Hay una escena que se repite semana a semana: el Presidente sube a un escenario, a una red social o a un móvil de TV y en lugar de explicar una decisión, insulta a quien la cuestiona. Ya no sorprende. Lo que sí debería preocuparnos es lo que esa escena revela: un presidente disociado de la realidad, peleado no con la oposición, no con "la casta", sino con la realidad misma.

Lo que se votó en 2023.

La amplia mayoría que acompañó a Javier Milei en 2023 no lo hizo por sus formas inusuales, sus gritos o sus insultos. Lo acompañó a pesar de eso. Esas formas eran, en todo caso, el síntoma visible de un hartazgo real y legítimo: años de un Estado que gastaba lo que no tenía, de una casta política que se cuidaba a sí misma antes que a los ciudadanos, de promesas incumplidas de gobierno en gobierno. El batacazo de Milei fue, ante todo, un voto castigo, un grito de "basta" dirigido a una dirigencia que había dejado de escuchar.
Ese capítulo ya cerró hace bastante y el desafío de gobernar es mucho más trascendente y es ahí donde la disociación se hace evidente.

La historia inglesa ofrece un caso real que ilumina bastante bien el contexto actual del gobierno Milei.
Enrique VII, el primer Tudor, pasó sus últimos años de reinado obsesionado con llenar las arcas de la corona: impuso un sistema que obligaba a la nobleza a pagar sumas enormes bajo amenaza de ejecutarlas ante la menor sospecha de deslealtad, al punto de que hacia 1509 dos tercios de la nobleza inglesa estaban atados a esos compromisos financieros con el rey. El mecanismo lo administraba un consejo dirigido por Richard Empson y Edmund Dudley, figuras temidas y odiadas tanto por la nobleza como por el pueblo. La última etapa de aquel reinado quedó marcada por una avaricia financiera que rozó los límites de la legalidad. Enrique VII murió convencido de dejar un reino sólido porque el tesoro estaba lleno. Lo que en realidad dejaba era el desajuste entre los números de la corona y el humor del país que su propio hijo, Enrique VIII, apenas asumió hizo ejecutar a Empson y Dudley para descomprimir el resentimiento acumulado. El número en la caja no le había dicho nada sobre el estado real del reino. Guardando las proporciones, es la misma trampa: gobernar mirando la planilla y no la calle.

Comprender la realidad, esa es la función.

Ningún presidente gobierna para tener razón en una discusión de Twitter. Gobierna para leer la realidad en todas sus dimensiones y tomar decisiones que le den previsibilidad al empresario que arriesga su capital e invierte, tranquilidad al trabajador que pone su tiempo, sus capacidades y su conocimiento al servicio de ese empresario y certeza al emprendedor que todos los días evalúa oportunidades y riesgos para subsistir y/o progresar. Esa es la función del oficio de gobernar.
Un presidente, además, lidera un equipo y se convierte, quiera o no, en el ejemplo visible de toda una sociedad. Cuando ese ejemplo es el insulto permanente, el desprecio por el que piensa distinto, la descalificación como método, lo que se filtra hacia abajo es exactamente eso: la agresión como forma de vida.

Los argentinos no queremos más un presidente que se la pase insultando a todos. Nunca lo quisimos, en realidad lo tolerábamos como parte del “combo de 2023” porque necesitábamos que alguien rompiera el statu quo.

La macro ordena, pero no alcanza.

Bajar la inflación y ordenar las cuentas públicas son logros importantes. Nadie de buena fe puede negarlos ni restarles valor ya que son condición necesaria para cualquier proyecto de desarrollo sustentable. Y esa condición es necesaria, pero no suficiente. La macro ordena el escenario pero es la micro la que define si un ciudadano vive mejor o peor. Es la micro la que decide si el comerciante de barrio puede sostener su local, si la familia llega a fin de mes, si el que estudia y trabaja ve algún horizonte de movilidad ascendente. Ahí es donde el Gobierno parece no entender nada: se conforma con los números grandes y desatiende la vida concreta de la gente, que es, al final, la única vara con la que se mide un gobierno.

Qué le toca a la oposición.

Frente a esto, la respuesta no puede ser responder con gritos a los gritos, con insultos a los insultos ni tampoco con intentar rescatar logros aislados basados en una nostalgia por lo que ya fracasó.
A la oposición le toca aplicar el sentido común. Le toca construir un plan de gobierno serio, con etapas de corto, mediano y largo plazo, que no dependa de la próxima ocurrencia presidencial, ni del humor de los mercados, ni de liderazgos mesiánicos.

Son tres los ejes sobre los que debería construirse una alternativa de cara a 2027: Previsibilidad, ordenamiento macroeconómico y sentido de realidad.

No hace falta reinventar la rueda ni prometer un paraíso. Administrar bien, con las cuentas en orden sin perder de vista que detrás de cada indicador hay una persona, sobra.

¿Quiénes van a liderar ese eventual cambio? No los que griten más fuerte ni los que prometan más rápido. Los que entiendan estos conceptos. Los que sepan que gobernar es, antes que nada, un ejercicio de realismo no mágico, sino practico.

Hay un dato que atraviesa la política argentina desde 2003 y que parece que varios omiten o pasan por alto: todas las alianzas electorales fracasaron. Todas. Cada fórmula que intentó convertir un acuerdo de cúpulas entre sectores en un proyecto de gobierno terminó en ruptura, en gestión a medias o en el desgaste prematuro de quien llegó al sillón de Rivadavia sustentado en una estructura jurídica-politica-electoral armada como un puzle. La actual coalición gobernante no es la excepción a la regla sino que es, apenas, el capítulo más reciente de una historia que se repite porque nadie corrigió la causa de fondo.

Esa causa de fondo es la ausencia de partidos orgánicos con doctrina, con cuadros propios y con plan de gobierno. Quizas en ningún lado se nota tanto esa ausencia como en el espacio que supo ser el más organizado y territorial de la democracia argentina: el peronismo.

De partido a alianza, de doctrina a supervivencia.

El peronismo que conocimos hasta comienzos de los 2000 tenía algo que hoy escasea: banco de suplentes. Había siempre una veintena intendentes del conurbano con "traje de gobernador" listos para dar el salto. Había cuatro o cinco gobernadores con status de estadista, con el "traje presidencial" a medida listo. Ese semillero no era casualidad: era el resultado de un partido que formaba dirigentes dentro de una estructura, no de una alianza que los reclutaba por conveniencia electoral de último momento.

Lo que pasó después de 2003 fue otra cosa. Los partidos políticos volaron por el aire al habilitarse un sistema de lemas por emergencia electoral. Es así como “el peronismo” dejó de ser el Partido Justicialista para convertirse en una sumatoria de sellos de goma, de acuerdos de quincho entre gallos y medianoche, donde metiero hasta el Partido Comunista dentro de una alianza con el PJ, nada más alejado de la doctrina legada por Perón. Se puede discutir mucho sobre el peronismo, pero hay algo que no admite discusión: no es lo mismo el justicialismo como partido orgánico que el "pseudoperonismo" como membrete de conveniencia al cual el kirchnerismo convirtió.

El clientelismo como ecuación costo-beneficio.

Ese vaciamiento doctrinario tuvo una consecuencia concreta sobre la militancia de base. El "Kirchnerismo" como gestor de la pobreza, que convirtió en negocio político a buena parte de las clases bajas, rehenes de una ecuación costo-beneficio que tenia como eje central mantener al “beneficiario” dependiente del plan, del bolsón de comida o del puntero, para asegurar el voto cautivo cada dos años. No se trabajó para que esas personas dejaran de necesitar la ayuda del Estado. Se trabajó para que la siguieran necesitando. Eso no es justicia social. Es la administración de la pobreza en función de sostener privilegios de dirigentes y funcionarios de turno.

El justicialismo que necesita el país es exactamente el opuesto de esa lógica: un movimiento que ponga el eje en la movilidad social ascendente, no en la administración de la pobreza. Que vuelva a diseñar políticas para que el pobre pase a clase media y el de clase media pueda llegar a clase alta. Eso y no la administración eterna de un plan social es desarrollo con justicia social.

Un Estado presente donde debe estarlo, ausente donde debe dejar progresar.

Un justicialismo del siglo XXI no puede ser antagónico del equilibrio fiscal ni de un Estado eficiente. Puede y debe sostener las banderas de un déficit fiscal cero y de una administración estatal inteligente y al mismo tiempo entender que un Estado presente no es un Estado que todo lo regula y todo lo condiciona. Presente donde hace falta como salud, educación, seguridad, infraestructura y red de contención social efectiva y ausente donde el ciudadano necesita libertad para progresar por mérito propio, sin que la maquinaria estatal le ponga un techo a su desarrollo o miles de palos en las ruedas. Ese equilibrio, que hoy suena a sentido común en buena parte del mundo desarrollado, es el que el peronismo original supo tener en sus mejores etapas y el que perdió en los últimos 25 años.

El problema del liderazgo.

Ahora bien ¿por qué no aparecen hoy esos veinte intendentes con traje de gobernador o esos cuatro gobernadores con perfil presidencial? Una hipótesis razonable es que el siglo XXI cambió la ecuación de la representación política: hoy se le cree más a lo que la persona transmite en sus redes que a su carisma presencial del contacto cara a cara. Se vota al “personajes” antes que al plan. Y en un esquema así, es lógico que escaseen los dirigentes con “mística” formados en la gestión territorial, en la comprensión de la realidad y en la cercanía con el ciudadano.

Los nombres que empiezan a asomar.

Lo interesante es que el peronismo bonaerense no tiene escasez de candidatos, pero si tiene escasez de programa que los ordene.
Para la gobernación de Buenos Aires ya levantaron la mano, entre otros, Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, quien viene planteando abiertamente que "llegó la hora de que un intendente sea gobernador"; Leo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas y Gabriel Katopodis, con una trayectoria de gestión municipal en San Martín y ministerios nacionales y provinciales. A ellos se suma Sergio Massa, sobre quien circula la hipótesis de una candidatura a la gobernación, como síntesis de un acuerdo surgido desde la “liga de intendentes”.

Para la Presidencia, el escenario es todavía más fragmentado. El ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, ya anunció su precandidatura y reclama una interna abierta del PJ para dirimir el liderazgo. El actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se posiciona hoy como el candidato con más volumen territorial dentro del espacio. Sergio Massa mantiene, también, la carta presidencial como su opción preferida, apoyado en su despliegue de diálogo transversal. Y como outsider con capacidad de sumar apoyos dentro y fuera del peronismo aparece Dante Gebel, que evalúa una candidatura propia con guiños de sectores sindicales y gobernadores justicialistas.

Finalmente, hay un fenómeno que confirma la fractura doctrinaria de la que habla esta nota: sectores que directamente se escinden del cauce “peronista” de las alianzas de los últimos más de veinte años. Los movimientos sociales con Juan Grabois como alternativa izquierda que se declara “peronista”, Wado De Pedro como expresión de Cristina Kirchner y La Campora, quizás en acuerdos con la izquierda frentista como Myriam Bregman, quien crece en las encuestas y descarta cualquier acuerdo formal con el peronismo territorial.

La salida no es un nombre, es un programa.

La discusión sobre quién va a conducir realmente el Partido Justicialista en la Provincia de Buenos Aires o en la Nación es, en el fondo, una discusión mal planteada si no viene precedida de un programa de gobierno serio. No importa si la interna se resuelve con PASO obligatorias, con internas no obligatorias o con listas colectoras, que es el esquema que hoy impulsa el Gobierno nacional: la mecánica electoral es secundaria. Lo que falta es la sustancia. Sin un plan de gobierno superador al que ofrece la gestión actual, cualquier nombre que emerja de esa interna va a competir con las manos vacías y sin nada que ofrecerle a la sociedad.
Y esa carencia no es un problema exclusivo del peronismo. Es un problema de la Argentina completa ya que sin un programa de gobierno serio, responsable y sostenible en el tiempo, lo tenga el peronismo o cualquier espacio, el país no tiene futuro. Ni con este gobierno, ni con los que vengan después.

En Argentina no discutimos lo suficiente lo que en España ya nadie puede esquivar: el modelo de fronteras abiertas sin capacidad real de control tiene un límite, y ese límite lo terminan pagando los propios países que reciben, ergo sum: los ciudadanos.
No es una posición xenófoba ni antiinmigrante decir esto. Es una posición liberal con sentido social: la libertad de circular y de buscar una vida mejor es un derecho humano, pero ningún derecho es absoluto cuando su ejercicio irrestricto erosiona la calidad de vida, los servicios públicos, la cohesión social y el sistema de valores de quienes ya viven en un territorio. Ese es el dilema que hoy atraviesa a España y, por elevación, toda la Unión Europea y por extensión también nuestro país.

Los números de 2026 muestran algo interesante y contradictorio a la vez. Por un lado, las llegadas irregulares a España cayeron con fuerza en el primer semestre: entre enero y junio la ruta canaria, históricamente la principal vía de entrada, se desplomó un 67% respecto del año anterior, y hacia mediados de julio el total nacional de llegadas irregulares acumulaba una baja del 24,7% interanual. Pero esa foto general esconde una redistribución preocupante: mientras Canarias se descomprime, Ceuta y Melilla explotan. Las entradas terrestres por esas dos ciudades autónomas crecieron entre un 140% y un 210% según los cortes del año, y la Península y Baleares también absorbieron parte del flujo desviado. Esto no es una solución al problema migratorio: es un problema que cambia de puerta. Cuando se cierra una ventana, el agua entra por otra.

Esa dinámica confirma algo que cualquiera que haya estudiado política migratoria sabe: el control de frontera exterior sin una política de asilo, integración y capacidad de absorción real es un parche, no una política de Estado. Ni España, ni Europa tienen ya la infraestructura administrativa, habitacional ni de empleo para procesar con dignidad los volúmenes que está recibiendo por vías legales e irregulares combinadas.

En los últimos días, entre el jueves 30 y el viernes 31 de julio de 2026, unas 60.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta en apenas 24 horas. El detonante fue un fallo del Tribunal Supremo español que restringió el mecanismo de "rechazo en frontera" que hasta ahora permitía devoluciones inmediatas, y las mafias de tráfico de personas leyeron ese fallo como una ventana abierta. El resultado? al menos 18 muertos confirmados por el Ministerio del Interior, saqueos y desmanes en un territorio que vio entrar, en un solo día, una cifra equivalente a más del 70% de su población total.

España pidió ayuda a sus socios europeos y lo que recibió fue, en gran parte, presión adicional: la primera ministra italiana Giorgia Meloni amenazó con suspender el acuerdo Schengen con España para "defender nuestras fronteras", pese a que Italia ni siquiera comparte límite territorial con España, lo cual demuestra hasta qué punto la migración ya funciona como excusa política transversal para cuestionar la libre circulación en toda la Unión, más allá de dónde ocurra la crisis puntual. Puertas adentro de España, la líder conservadora Isabel Díaz Ayuso habló directamente de "invasión", y el líder de Vox, Santiago Abascal, acusó al gobierno de Sánchez de permitir el ingreso masivo para sostenerse en el poder. Sánchez, por su parte, responsabilizó a las redes de tráfico de personas por una interpretación interesada del fallo judicial. A pocas horas de la invasión, más de 25.000 migrantes ya retornaron voluntariamente a Marruecos mientras el propio gobierno reconoció que se trata de la mayor crisis migratoria que vive España en años.

El pilar fundamental de la Europa integrada es la libre circulación, que ya empezaría a ser la excepción y no la norma. Hacia mediados de 2025 once países del espacio Schengen (Alemania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Italia, Suecia, Noruega y Países Bajos) tenían controles fronterizos internos reactivados. Un informe de la Comisión Europea de junio de 2026 confirmó que nueve países (Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia y Suecia) mantenían controles internos por más de doce meses consecutivos, invocando amenazas terroristas, movimientos migratorios secundarios y saturación de los sistemas de asilo. Francia prorrogó los suyos hasta octubre de 2026 por infiltración yihadista y redes de tráfico de personas; Italia hace lo propio en su frontera con Eslovenia hasta diciembre; Países Bajos extendió los controles incluso a fronteras aéreas intra-Schengen, algo que rompe el espíritu original del tratado de 1985.

El Código de Fronteras Schengen preveía estos controles como algo excepcional y temporal, con un tope legal de dos años por período de amenaza. Lo que estamos viendo es la conversión de la excepción en regla permanente, prorrogada país por país, sin que exista todavía un mecanismo comunitario efectivo de gestión migratoria compartida. Esto es exactamente el escenario que podría anticipar una fractura del bloque: si cada Estado empieza a gestionar su frontera interior de forma unilateral y sostenida en el tiempo, la libre circulación de personas, bienes quedaría vaciada de contenido. Y un mercado único sin libre circulación efectiva no es un mercado único: es una zona de libre comercio con fronteras de facto, que erosiona inversión, logística y competitividad frente a bloques como el norteamericano o el asiático.

La Unión Europea se construyó, en gran parte, sobre la promesa de eliminar los costos de transacción entre sus miembros. Si esa promesa se empieza a incumplir de manera sostenida por motivos migratorios no resueltos, el bloque corre el riesgo de repetir, en clave económica, lo que el Brexit mostró en clave política: que la desintegración también es una opción cuando la ciudadanía percibe que el proyecto común ya no controla sus propias fronteras.

Nosotros tenemos nuestra propia versión de este debate, aunque con una diferencia de origen que hay que marcar con precisión. Según el Censo 2022 del INDEC, en Argentina residen 1.933.463 personas nacidas en el extranjero, el 4,2% de la población total en viviendas particulares, un porcentaje que además viene en tendencia decreciente respecto de mediados del siglo XX. De esos inmigrantes, casi el 66% proviene de países limítrofes (Paraguay, Bolivia y, más recientemente, Venezuela encabezan la lista) mientras que la inmigración europea, que supo ser el 90% del total hace un siglo, hoy representa apenas el 8,3%, el piso más bajo en cien años. Buenos Aires, tanto la Provincia como la Ciudad, concentra más del 73% de esa población extranjera.

La Ley 25.871, sancionada en 2003, consagró un criterio de derechos humanos amplio: reconoce a los ciudadanos de países del Mercosur, Bolivia, Chile y Perú el derecho a residir y trabajar libremente en Argentina, en línea con los tratados de libre residencia firmados en 2002. Es una ley extremadamente generosa. Pero generosidad normativa sin capacidad de gestión estatal es, otra vez, el mismo problema que vive España: la ley te dice quién tiene derecho a entrar, pero no resuelve si el sistema de salud, educación, vivienda y empleo puede absorber ese ingreso sin deteriorar la calidad y capacidad del sistema.

La diferencia con Europa es de escala y de tipo de flujo: nuestra inmigración es mayormente regional, limítrofe, culturalmente con puntos en común y con marcos jurídicos bilaterales de larga data. La inmigración africana y de Medio Oriente hacia Europa, en cambio, implica una distancia cultural, lingüística y religiosa mucho mayor, que exige políticas de integración más profundas y sostenidas en el tiempo, no solo normas de admisión.

El liberalismo clásico defiende la libertad individual, incluida la libertad de moverse y buscar prosperidad, pero también defiende el imperio de la ley, el respeto a las instituciones locales y la protección de los derechos adquiridos de quienes ya forman parte de una comunidad política. Un ingreso masivo, no verificado, sin control sanitario, sin evaluación de antecedentes y sin capacidad de integración real no es libertad: es la ausencia de Estado, y la ausencia de Estado nunca beneficia al más débil. Los primeros perjudicados de un sistema migratorio colapsado son siempre los inmigrantes que sí cumplieron las reglas y terminan compitiendo por recursos escasos con quienes ingresaron por fuera de todo marco normativo.

El desafío de fondo no se resuelve solamente en la frontera de llegada, se resuelve en el país de origen. Mientras sigan existiendo regímenes autoritarios, economías colapsadas y persecuciones políticas en amplias regiones de África, Medio Oriente y también en nuestro propio continente, la migración forzada va a seguir siendo la válvula de escape de millones de personas que no tienen otra alternativa. Naciones Unidas tiene ahí una responsabilidad histórica que viene incumpliendo: condenar con firmeza y sin dobles estándares a las dictaduras que expulsan a su propia población, y acompañar procesos reales de desarrollo institucional y económico en esos países, en lugar de limitarse a gestionar el síntoma en las fronteras de los países receptores. Un mundo donde los pueblos pueden desarrollarse dentro de sus propias fronteras nacionales, con libertad política y oportunidades económicas, es un mundo con muchísima menos presión migratoria forzada. Ese debería ser el objetivo estratégico de la comunidad internacional para las próximas décadas, no la administración perpetua de las crisis humanitarias.

Si durante estos años no se logra resolver el “problema migratorio” vamos camino a una combinación peligrosa: erosión de las economías nacionales que reciben los flujos, pérdida de cohesión social, resurgimiento de nacionalismos cerrados como reacción y crisis humanitarias cada vez más severas para quienes se ven forzados a migrar sin protección real en ningún punto del trayecto. Argentina y España, cada una con su historia, son hoy dos espejos de un mismo dilema: cómo honrar el derecho humano a migrar sin destruir la capacidad del Estado de sostener a quienes ya viven ahí. Ese equilibrio, y no los extremos, es la única salida sensata.

Hay una frase que se repite en cada conferencia de prensa, en cada rueda de negocios en Nueva York, en cada entrevista televisiva del equipo económico: la estabilidad macro es la condición necesaria para que después, tarde o temprano, la economía “derrame” sobre el resto. Es mentira. O, para ser más precisos, es una verdad que solo existe en los manuales de texto. En la Argentina real, la de todos los días, la macroeconomía ordenada convive perfectamente con un país donde el trabajador no llega a la primera semana del mes y el emprendedor no consigue crédito para sostener su changa, su local o su pyme.

Los dólares de Vaca Muerta no pagan el supermercado
El Gobierno tiene motivos genuinos para mostrar el crecimiento de la producción petrolera y las exportaciones de minerales críticos. Nadie en su sano juicio se opone a que lleguen inversiones en minería y energía: son bienvenidas, generan divisas, generan empleo calificado y son, a mediano plazo, una palanca real de desarrollo. El problema no es la inversión. El problema es la fantasía de que ese capital, por sí solo, sin ninguna decisión política que empuje la microeconomía hacia arriba, va a terminar en la mesa de cada trabajador y de cada emprendedor argentino. No va a pasar. No está pasando. Y no interceder desde el Estado para que ese crecimiento agregado se traduzca en poder de compra, en crédito accesible y en previsibilidad para el que factura en pesos y vive en pesos, es directamente una forma de abandono. Casi una decisión criminal, si se mide en la angustia cotidiana de millones de familias que hoy no llegan a fin de mes ni por asomo.
Porque la clase media argentina, esa que supo ser, fugazmente por períodos, la columna vertebral del desarrollo del país, no vive del Excel de un ministerio ni de un discurso ante inversores en el Bank of America de Manhattan. Vive del asalariado al que el sueldo no le alcanza, de la Pyme que no llega a pagar los costos fijos sin fundirse ni descapitalizarse, del changarín que se queda en su casa, del kiosquero que no llega a pagar la luz.

Los números que no mienten.

Mientras el equipo económico celebra la estabilidad, los datos del propio Banco Central pintan otro cuadro. En abril de 2026 la morosidad de las familias en el sistema financiero alcanzó su nivel más alto en veinte años, con los préstamos personales por encima del 14% de irregularidad y las tarjetas de crédito rozando el 12,5%. Según relevamientos privados en base a la Central de Deudores del BCRA, unos 6,8 millones de personas tienen hoy créditos impagos, dos millones más que hace apenas ocho meses. La deuda total de los hogares argentinos ronda los 39 billones de pesos, con un promedio de 5,7 millones por hogar en el sistema bancario.

El dato más elocuente, sin embargo, es otro: distintos relevamientos ubican en más del 90% la proporción de hogares argentinos endeudados, y más de la mitad de esa deuda de tarjeta se usa para comprar comida. No son vacaciones, no son electrodomésticos: es el changuito del supermercado pagado en cuotas, con un costo financiero total que en las tarjetas ronda el 100% anual. Es tan alto el costo de financiarse que el uso de la tarjeta de crédito se desplomó a su nivel más bajo en dos años, no porque la gente decidió consumir menos por elección, sino porque directamente no puede sostener la cuota.

Un ministro que mira la Argentina desde el piso 40.

En paralelo, el ministro de Economía recorre Nueva York presentando el programa ante bancos de inversión, pidiéndoles a los empresarios que confíen y remarcando que esta vez la estabilidad tiene sustento político. Son mensajes legítimos para un público de inversores. El problema es que ese mismo tono seguro, distante, casi eufórico con los indicadores agregados es el único registro que se escucha también puertas adentro, frente a un país donde la angustia por la mora y el costo de vida no da tregua. Declaraciones que, en el fondo, no suenan tan distintas a las del comunicador que encabezaba las conferencias de prensa hasta hace pocas semanas: la insistencia en que “todavía falta camino” convive con la negación sistemática de que el ajuste tiene costos concretos, medibles, en la vida de la gente.

Y si de comunicación se trata, el nuevo vocero presidencial no empezó con el pie más alentador: al ser consultado por el fuerte aumento de las tarifas de gas, apeló a la idea de que, frente a un servicio más caro, la familia puede simplemente abrigarse más. Ojalá no sea, en los hechos, una reencarnación de aquel estilo que tanta distancia generó entre el Gobierno y el ciudadano de a pie.

Privilegios que erosionan el relato del sacrificio compartido.

A esto se suma un dato que lastima especialmente en un contexto de ajuste: funcionarios del entorno del propio ministro de Economía accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por sumas de hasta 350.000 dólares, mientras que, según trascendió en medio del escándalo, ocho de cada diez argentinos comunes que solicitan un crédito hipotecario son rechazados. El ministro defendió la operatoria calificándola de legal y moral. Puede ser legal. Pero en un país donde la mayoría no consigue ni refinanciar una tarjeta, la imagen de “casta” que tanto combatió este espacio político termina, una vez más, encarnada en quienes deberían dar el ejemplo.

Una reelección que no puede construirse sobre el pasado.

Si el presidente Milei efectivamente piensa en una reelección, ojalá ese camino se construya sobre la mejora concreta y verificable de la calidad de vida de los argentinos, y no sobre el recurso ya gastado de agitar el fantasma del pasado kirchnerista. Ese recurso tiene fecha de vencimiento. La gente no vota, dos o tres años después, en función de lo que había antes: vota en función de si hoy llega a fin de mes, si puede pagar la cuota de la heladera, si su changa o su comercio tienen futuro. La macroeconomía ordenada es una condición necesaria, nunca discutida. Pero no es suficiente. Y confundir una cosa con la otra es, en el fondo, la forma más elegante de mirar para otro lado.

A pocos días de los dieciseisavos de final, este Mundial 2026 ya dejó materia para pensar bastante más allá del resultado deportivo. Como suele pasar con los grandes torneos, funciona como una lupa: agranda lo que ya sospechábamos y desmiente algunos lugares comunes que dábamos por ciertos.

Empecemos por lo nuestro. La selección campeona del mundo llegó a esta cita con el peso de defender el título y lo hizo de la única manera en que se puede sostener una vigencia real: ganando. Fase de grupos con puntaje perfecto, primer puesto en el Grupo J y clasificación asegurada con anticipación, algo que en un formato inexplicable de 48 equipos, con más margen para relajarse, no es un dato menor. Eso no es casualidad ni nostalgia de Qatar: es un proceso que sigue vivo, con un cuerpo técnico que sabe cuándo exigir y cuándo administrar.

Y en el centro de esa vigencia está, otra vez, Lionel Messi. A los 39 años recién cumplidos, es el máximo goleador histórico de los Mundiales, con 19 goles, superando el viejo récord de Miroslav Klose. No es un dato romántico: es la consecuencia de un profesionalismo sostenido durante casi dos décadas al más alto nivel, algo que en el fútbol moderno, con calendarios saturados y cuerpos que se rompen antes, tiene un valor casi anacrónico. Messi encadenó goles en siete partidos mundialistas consecutivos, un registro que nadie había alcanzado. Eso no se explica solo por talento: se explica por trabajo, cuidado del cuerpo y una cabeza que sigue compitiendo como si fuera la primera Copa del Mundo y no la sexta.

El mito de que el Mundial es una prolongación de la Champions.

En los ultimos años algunos futbolistas en un rol de opinólogos no calificados (como Mbape) instalaron la idea de que el Mundial era una prolongación de la Champions League sumando a Argentina y Brasil. Este Mundial se encargó de desmentirlo con contundencia. Alemania, tetracampeona del mundo, quedó eliminada en dieciseisavos por Paraguay, que la llevó a los penales y la venció 4-3. La prensa alemana no tuvo piedad: medios como Süddeutsche Zeitung hablaron directamente de "vergüenza", y Bild tituló sobre "otra pesadilla del fútbol alemán". El mismo día cayó Países Bajos ante Marruecos, también por penales. Dos potencias europeas, afuera, contra selecciones a las que la Champions no las prepara para nada. El Mundial sigue teniendo una lógica propia, distinta a la del club: presión, calor, formato de eliminación directa y una exigencia mental que el circuito europeo no reproduce. Ahí es donde se nota, otra vez, la diferencia de Argentina.

El repudio unánime al hydration break.

Otro fenómeno de este Mundial fue el rechazo casi unánime a las pausas de hidratación obligatorias, aplicadas en todos los partidos sin importar la temperatura. Jugadores como Virgil van Dijk las cuestionaron por cortar el ritmo del juego; entrenadores como Marcelo Bielsa dijeron sin vueltas que "no se pensó en el fútbol, se pensó en otras repercusiones"; y hasta Jürgen Klopp habló de una "jaula dorada construida para patrocinadores". Una encuesta de The Athletic mostró que más del 76% de los consultados considera la medida "problemática". El dato de fondo es que esas pausas de tres minutos se convirtieron en tiempo de publicidad para las cadenas de televisión, más que en un cuidado real de los futbolistas. Cuando jugadores, técnicos, periodistas e hinchas coinciden en el rechazo, y la propia UEFA ya anunció que no va a replicar la medida salvo en calor extremo, queda bastante claro que esto no nació del cuidado del deporte sino del negocio audiovisual.

Libremercado, entradas y una pregunta incómoda.

Y acá llega el punto que más interesa en lo economico. En 1994, la última vez que Estados Unidos fue sede, las entradas costaban entre 25 y 475 dólares. Hoy, en el mismo país, la entrada más económica de la fase de grupos ronda los 200 dólares y la localidad más barata para la final arranca en 2.030 dólares, con precios que en el mercado de reventa oficial de la FIFA llegaron a superar los 10.000 dólares para la final, según relevó The Economist. Ajustado por inflación, se cuadruplicó respecto de 1994. La FIFA, por primera vez, tomó control directo de la venta y aplicó "precios dinámicos", el mismo esquema que usan las aerolíneas.
Desde el punto de vista del libre mercado que rige en el futbol no hay cuestionamientos al respecto, pero como hincha, y si creemos que, como yo que el fútbol tiene una función social que excede lo comercial, me pregunto si este modelo no está expulsando al espectador de a pie del evento que se supone es "de todos". Dos fiscalías generales de Estados Unidos ya le pidieron explicaciones judiciales a la FIFA por sus prácticas de venta. El libremercado bien entendido no es sinónimo de exclusión artificial ni de "escasez fabricada" para inflar precios: es competencia, transparencia y acceso. Cuando un organismo sin fines de lucro declarados como la FIFA se convierte en la casa de reventa más grande del mundo, la pregunta no es ideológica, es práctica: ¿esto fortalece al fútbol como fenómeno popular o lo convierte en un producto de lujo cada vez más lejano de quien lo hizo grande?

La esperanza del bicampeonato.

Con todo esto como telón de fondo, la Argentina llega a los dieciseisavos con una changa que sabemos difícil: ser bicampeón del mundo es algo que solo lograron muy pocos países en la historia. Pero si hay un plantel y un cuerpo técnico preparados para intentarlo con los pies sobre la tierra, es este. Scaloni construyó un grupo que combina jerarquía individual con una humildad de trabajo que no es un eslogan: se ve en cómo rotan, en cómo dosifican a Messi, en cómo hablan después de ganar y después de perder.
Ojalá se pueda. Pero el fútbol, como la vida, tiene reglas que no siempre premian a quien más lo merece. Se puede hacer todo bien y perder igual. Si pasa, no habrá que buscar culpables ni relatos paralelos: es parte del juego, y esa incertidumbre es, paradójicamente, lo que lo hace insustituible.

Hay funcionarios que se equivocan. Y hay funcionarios que construyen su carrera, aún fugaz, sobre la promesa de no equivocarse nunca, de ser la diferencia moral con todo lo anterior. Manuel Adorni perteneció a la segunda categoría, y por eso su salida del gobierno no es una nota de color política: es la confirmación de que la vara que él mismo levantó hasta la cima del Everest terminó hundida en el fondo del océano.
Adorni no fue un vocero más. Fue, desde el comienzo del gobierno Mieli, la voz que cada día nos explicaba con tono de fiscal que la "casta" robaba, que la política tradicional era sinónimo de privilegio y opacidad, y que éste gobierno venía a terminar con todo eso. Ese relato necesitaba, para sostenerse, un ingrediente no negociable: la coherencia entre el discurso y la conducta. Cuando esa coherencia se rompe, no se rompe un poco, se rompe del todo, porque la exigencia moral que él mismo impuso no admite zonas grises ni atenuantes.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas, con presunciones fuertes de culpabilidad y una serie de desafortunadas declaraciones juradas junto a la aparición de un pendrive millonario, no sólo no lograron despejar las dudas sino mas bien fueron confirmatorias de una culpabilidad que a la Justicia no le costará demasiado demostrar y sentenciar condenatoriamente.
Pero la pregunta política no es jurídica: es ética. Y en ese terreno, Adorni ya perdió, porque el patrón que aplicó sin piedad contra cualquier adversario es exactamente el patrón que hoy lo alcanza a él.
Además, con su in-conducta, le faltó el respeto a su propio gobierno y este a si mismo ya que la demora en su salida de la Jefatura de Gabinete llegó en medio de un escándalo que el oficialismo intentó apagar durante casi cuatro meses sin éxito. Cuatro meses de desgaste innecesario, de un gobierno defendiendo lo indefendible, de un Presidente que siguió respaldando a su funcionario incluso después de la acumulación de evidencias. Esa demora no fue gratis: la pagó la ciudadanía, que vio cómo se sostenía en el cargo a quien debía haberse ido apenas las dudas eran públicas. Adorni le faltó el respeto a su propio gobierno al no irse a tiempo y el gobierno, al demorar la decisión, le faltó el respeto a todos nosotros.
La conducta política se mide siempre por comparación, nunca en el vacío. Y acá hay una comparación ineludible: Amado Boudou construyó su personaje como el funcionario Nac&Pop, el que decía vivir modestamente (si, en un medano!), el que se mostraba como uno más. Terminó esposado de madrugada en Puerto Madero y trasladado a una cárcel federal, condenado por corrupción. Adorni por su parte, no prometió modestia, prometió pureza absoluta. Por eso, si las imputaciones que hoy se investigan se confirman en la Justicia, su responsabilidad moral será mayor que la de Boudou, no menor. Porque a Boudou nunca se le exigió honestidad intelectual; a Adorni sí, porque él la vendió como su producto político central. Quien construye su carrera condenando la doble vara no tiene derecho a usarla para sí mismo.
Le hizo daño a la política, que es, aunque hoy suene casi ingenuo decirlo, un arte noble, un oficio de servicio. Y posiblemente le hizo más daño que otros dirigentes que robaron mucho más en términos absolutos, porque de él se esperaba, como mínimo, coherencia. No la tuvo.
Y ahora? Viene la Casta “reload” con Diego Santilli, antes Ministro del Interior, ahora a cargo de la jefatura de la administración pública como Jefe de Gabinete tras la asunción con abrazo tripartito Milei-Adorni-Santilli. Vamos del beso de judas al abrazo de Adorni?. El propio Milei explicó que lo eligió por ser "el músculo político" que necesita el gobierno para dialogar con los gobernadores. Su misión real, más allá del cargo formal, va a ser otra: ponerle algo de lógica racional a conductas de gobierno que muchas veces exceden cualquier explicación razonable para lograr la reelección que hoy parece lejana a juzgar por el andar en caída de la microeconomía, si, esa que le interesa al 90% de la gente.
Milei habló abiertamente de fusionar la Jefatura de Gabinete con el Ministerio del Interior, y eso no es un detalle administrativo: es la confirmación, en los hechos, de algo que quienes seguimos la política de cerca y hablamos con los actores territoriales sabemos desde hace tiempo. La fusión entre La Libertad Avanza y el PRO ya ocurrió. Los esfuerzos por mostrarse como espacios independientes, cada uno con su sigla, sus actos por separado, sus diferencias de tono, funcionan como relato para la tribuna, para "la gilada", como diría cualquier dirigente off the record. Pero la arquitectura de poder real ya es una sola.
El deseo es que a Santilli que le vaya bien, sinceramente, porque un país no puede permitirse gobiernos fallidos uno tras otro. Pero ningún gobierno es exitoso sin un plan que ponga a la gente dentro del Excel, dentro de la planificación real, y no afuera de la PC. Esa es la prueba que tiene por delante: si va a gestionar con la gente adentro del cálculo, o si va a seguir administrando un relato que cada vez le cree menos gente.